El proceso contra Stiven Mesa, nombre de pila de Blessd, continúa ahora bajo la acusación de constreñimiento ilegal, lo que podría reducir su pena de 320 a 18 meses de prisión.
El proceso judicial que involucra a Blessd tuvo un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de la Nación reformulara la imputación que inicialmente había presentado en su contra. Durante una nueva audiencia, el ente acusador dejó atrás el delito de secuestro extorsivo por el que era procesado y pasó a atribuirle una conducta de constreñimiento ilegal.
La modificación representa un cambio importante frente a la hipótesis con la que comenzó el caso. Stiven Mesa había sido vinculado inicialmente a una investigación por un supuesto secuestro extorsivo relacionado con Andrés Felipe Sánchez Quintero. Sin embargo, a medida que avanzó el proceso, la tesis del secuestro fue cuestionada durante las actuaciones judiciales. En una de las audiencias anteriores, la jueza señaló que los elementos expuestos hasta ese momento no permitían establecer con suficiente solidez que Sánchez Quintero hubiera sido privado de su libertad, una circunstancia fundamental para categorizar el caso con el delito de secuestro.
A esto se sumó la posición de la Procuraduría General de la Nación, que se opuso a la solicitud de una medida de aseguramiento y puso en duda que los elementos presentados permitieran demostrar la existencia de un secuestro extorsivo. Finalmente, el juzgado decidió no imponer una medida de aseguramiento, por lo que Blessd y los demás procesados permanecieron en libertad mientras continúa el proceso y ejercen su derecho a la defensa.
Este cambio en el delito por el que es procesado, cambia de manera considerable el rango de pena asociado al proceso. Según la información entregada por la defensa del artista, el delito de secuestro extorsivo contemplaba inicialmente una pena mínima de 320 meses de prisión, mientras que el constreñimiento ilegal reduciría los cargos a una pena de 18 meses.
Esto no significa que exista una sentencia contra Blessd ni que el proceso haya terminado. La reformulación modifica la acusación de la Fiscalía, pero la responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso judicial.
